Reste@dos

¿Están las izquierdas y las derechas de acuerdo en la salvaguarda de libertades políticas básicas, que incluyen la libertad de expresión? Es la pregunta con la cual me quedo después de leer el artículo De la dictadura del proletariado a la dictadura de la actualidad de Xavier B. Fernández, que forma parte de la publicación La Revista: Política y poder en el siglo XXI.

El planteamiento del artículo es que la sociedad de la información ha generado una especie de “dictadura” de lo actual que impide que la gente dedique atención a los problemas estructurales. De este culto a lo inmediato, no escapan los políticos, al menos no los políticos progre o de izquierda contra quienes van los tiros de Fernández. En este sitio tenemos una visión más optimista de la sociedad de la información y de la infociudadanía. Aunque a veces el ruido en los 140 caracteres de Twitter fastidie más de la cuenta. Pero, no es esa diferencia de perspectiva lo que más me distancia del artículo en cuestión, sino un asunto más de fondo que tiene que ver con la libertad de información y que Fernández toca casi tangencialmente.

Al final del artículo, Fernández sentencia:

En realidad, el modelo económico es lo único que diferencia realmente a las opciones políticas de izquierda y de derecha, pues existe (no siempre, por desgracia, pero es deseable que exista) un consenso básico entre las opciones políticas de derecha e izquierda en cuanto al modelo político (democracia a secas, sin los indeseables apellidos de “burguesa” o “popular”) en cuanto a la salvaguarda de las libertades públicas y en cuanto a la salvaguarda de la libertad de expresión. La defensa de este modelo no es de derechas ni de izquierdas: es, o debería ser, innegociable, pues más allá de él no hay más que abismos y monstruos, como en los mapamundi medievales.

Y es allí donde yo meto el frenazo. De acuerdo en que donde no hay democracia, libertades políticas y libertad de expresión sólo hay “abismos y monstruos”. Lamentablemente, yo no veo ni sombra de ese consenso básico entre la derecha y la izquierda para optar por la democracia como modelo político y para hacer la libertad de expresión un derecho pleno, innegociable. Quizás sea esa dictadora actualidad que me confunde, pero yo veo: un golpe de Estado (o dos, si ustedes quieren) en Honduras; elecciones cuestionadas y protestas populares en Irán; protestas violentamente reprimidas en China; un preso en Guatemala por un tweet desestabilizador; sanciones, amenazas y cierres de medios en Venezuela. ¿Consenso? De hecho, lo que veo es que la democracia es amenazada, en distintas partes del mundo, por tendencias políticas autoritarias tanto de derecha como de izquierda (o mal llamadas de izquierda).

En las aceras de la izquierda y la derecha hay defensores de la libertad de expresión y hay quienes quieren restringirla, con distintas razones, por distintos intereses. Sobre el punto, me copio los ejemplos del camarada Carlos en la discusión en Fb sobre este mismo punto:

Marcel Granier y Pompeyo Márquez en este espacio [en una nota distribuida en Fb] han escrito recientemente sobre la importancia de la libertad de expresión y la amenaza que para esa libertad representa el gobierno de Chávez. Del otro lado, Blanca Eekhout y Dick Cheney han dado declaraciones recientes diciendo que la libertad de expresión necesita ser interpretada, que no es lo que parece ser, que solo ampara ciertos mensajes.

Vistas estas cosas, creo que antes de dar la pelea contra “la actualidad”, la izquierda del siglo XXI tendría que dar la pelea contra los autoritarismos, contra las amenazas anti-democráticas, sean de derecha o de izquierda stalinista.

En Venezuela, un tema urgente y de fondo para las izquierdas es tomar posición sobre el paquete de “hegemonía comunicacional”: Ley de Periodismo, Ley de Telecomunicaciones, COPP, Delitos Mediáticos & Regulación de TV por Cable. ¿Libertarios o autoritarios?

Hace pocos meses atrás el presidente Chávez nos prometía que Venezuela no sufriría con la recesión mundial. Podíamos estar tranquilos porque debido a la revolución bolivariana ya no eramos un país capitalista, por lo tanto las crisis del capitalismo no nos daban ni resfriado. Lamentablemente, la realidad nos alcanzó. Venezuela, país capitalista, dependiente y monoproductor está obligada a recortar su presupuesto, tal como el resto de los países del mundo.

¿Qué habrías recortado tú si te hubieses tenido la oportunidad de decidir o al menos de opinar? Pase adelante y opine.

A ver si este pequeño ejercicio de democracia participativa coincide con lo decidido por el gobierno en el Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional.

Si no coincide, vayan y lo aporrean.

Voz del pueblo, armado con internet y opiniones propias. En campaña por Internet Prioritaria. Como prometieron en el Decreto 825.

Las tensiones políticas se han agravado en las últimas dos semanas, en gran medida por la reforma a la Ley de Descentralización y la nueva Ley del Distrito Capital, que permiten concentrar mayor poder en la Presidencia de la República, desmantelando en la práctica el proceso de descentralización. Esos cambios legales constituyen un avance del hiper-presidencialismo en contra de las aspiraciones de la mayoría de los venezolanos (incluso de muchos chavistas) de transferir mayor poder a los gobiernos locales, a las comunidades y al ciudadano interesado en participar directamente en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos.

Parece que deberíamos protestar. Por el derecho a tener gobiernos locales electos por el voto y controlados por los ciudadanos. Por la democracia. Por el derecho a participar.

El descontento aún no se traduce en protestas orgánicas. Aunque aquí y allá hay protestas puntuales, desarticuladas. Algunas pocas de tipo político partidístico. La mayoría de tipo social-laboral (casos SIDOR o Metro de Caracas) o de reinvidicación de derecho a obtener servicios públicos básicos (agua, seguridad, recolección de basura, etc). Algunas otras (poco visibles en los medios) por derechos más generales (y hasta intangibles) como el derecho a la información y al conocimiento cuyo debate gana interés con la discusión del Decreto 6244; el rechazo a la eliminación de las partidas para la compra de libros y revistas científicas ordenada por el gobierno a las universidades nacionales; los cuestionamientos al proyecto de Ley de Cooperación Internacional que prácticamente obligaría a las ONGs venezolanas a cancelar sus programas de defensa de derechos, educación y proyectos de desarrollo social ante la imposibilidad de recibir fondos del exterior.

¿Nos unimos a esas protestas?

También hay razones para protestar frente a la política económica del gobierno de Chávez, que debería ser cuestionada activamente, denunciada, por todo aquel que se oponga a políticas fiscales regresivas y empobrecedoras, a políticas que frenan el desarrollo armónico. Sin duda, es preocupante que haya gente que aún no se entera de que efectivamente el gobierno, vía restricción de los cupos de CADIVI y participación de gran volumen en el mercado permuta ha establecido un cambio dual que termina de coartar cualquier iniciativa de producción nacional y encarecer lo que consumimos los venezolanos. Preocupa que haya gente que no sabe que hubo un alza sustancial de los impuestos, no sólo del IVA sino también del ISRL vía el ajuste de la unidad tributaria en una medida que no corresponde con la inflación. Gente que no se entera de que el gobierno no discute contratos colectivos, que penaliza a los sindicatos y que no ajusta los sueldos por inflación (ni hablar de aumentar los salarios reales). De verdad que deberíamos protestar por estas cosas.

También tendríamos que protestar contra esas leyes que conllevan el desmontaje definitivo del proceso de descentralización; contra la ley re-centralizadora, la toma de los puerto por parte del gobierno central y el desconocimiento de los gobernadores y alcaldes legítimamente electos.

Somos nosotros, los ciudadanos, quienes debemos movilizarnos a través de las organizaciones civiles y los colectivos a los cuales pertenecemos para protestar en contra de las políticas económicas que tienen tan alto costo social. Así como debemos protestar en contra del retroceso centralizador, cuando más demandamos (incluso los chavistas) participación ciudadana, liderazgo con bases locales, desarrollo guiado por las condiciones de cada región.

La idea es construir redes de aliados con ejes comunes (democracia, participación, equidad económica y social) y compromisos de lucha específicos: las ONGs movilizadas por la ley de Cooperación; los universitarios por el recorte presupuestario; los ambientalistas por los problemas de recolección y procesamiento de basura; los periodistas por la libertad de información; los investigadores y promotores del uso de las tecnologías de información para el desarrollo por el decreto Decreto 6244; las mujeres por oportunidades para el desarrollo económico y social centrado en la familia; los electores por el derecho a elegir a sus gobernantes.

Reste@dos fue tumbado por el #23N.

Mientras estaba en la cola para votar (cruzado, independiente, democrático y disidente) me llegó el aviso de que Reste@dos estaba fuera de línea. Estuvo fuera de línea desde el mediodía de ayer hasta avanzada la mañana de hoy.

¿Sobrecarga del servidor por exceso de tráfico para venir a participar en el Monitoreo ciudadano #23N? ¿Ataque por motivos de censura política? (También ayer me comentaron que este blog estaba bloqueado en las oficinas de algunos entes públicos). ¿Ataque por celos personales? (No creo ser tan popular como para tener enemigos, pero puede ser una posibilidad).

Lo cierto es que el monitoreo ciudadano no se detuvo. Aunque quizás el concepto inicial de la idea cambió en la dinámica del día, eso quizás también hubiese pasado si este blog se hubiese mantenido en línea. El análisis post-electoral vendrá. La libertad de información, la participación ciudadana y la construcción de la tercera vía seguirán siendo nuestros temas de conversación en este país bicolor (que esconde un país plural).

El Presidente Chávez ha buscado activamente proyectarse como un defensor de la democracia, no sólo en Venezuela, sino en toda América Latina. Sin embargo, su presunto compromiso con esta causa es contradictorio con el desprecio, por parte de su gobierno, de garantías institucionales y derechos fundamentales indispensables para la participación democrática. Venezuela no logrará obtener un progreso real y sostenido hacia el fortalecimiento de su democracia—ni tampoco ser un modelo útil para otros países de la región—mientras su gobierno continúe despreciando los principios de derechos humanos establecidos en su propia Constitución.

Sobre la discriminación política

La discriminación política ha sido una característica definitoria de la presidencia de Chávez. En algunas oportunidades, el presidente mismo ha respaldado abiertamente actos de discriminación. En términos más generales, ha incentivado a sus subordinados a tomar medidas discriminatorias al tachar sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos y golpistas, independientemente de que éstos tuvieran o no alguna relación con el golpe de 2002.

Otra característica definitoria de la presidencia de Chávez ha sido el desprecio manifiesto del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución de 1999 y, en especial, de la idea que un poder judicial independiente es indispensable para proteger derechos fundamentales. Después del golpe de 2002, lo más perjudicial para el estado de derecho en Venezuela fue que en 2004 Chávez y sus aliados coparan el Tribunal Supremo con aliados del gobierno.

El capítulo 2 documenta de qué forma el gobierno ha: * Despedido a opositores políticos de algunas instituciones estatales y de la compañía petrolera estatal y puesto sus nombres en listas negras; * Negado a algunos ciudadanos el acceso a programas sociales como consecuencia de sus opiniones políticas; y * Discriminado contra los medios de comunicación, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil en respuesta a sus críticas o a su actividad política.

Sobre la justicia

Desde que se modificó significativamente la composición del Tribunal Supremo a favor del gobierno, el máximo tribunal ha respondido a las medidas del gobierno que amenazan los derechos fundamentales, en general, con pasividad y aquiescencia. En especial, no ha actuado para contrarrestar ataques a la separación de poderes, como la mencionada ley de 2004 que permitió copar al Tribunal Supremo con aliados del gobierno y, más recientemente, el paquete de reformas constitucionales de 2007. Tampoco ha salvaguardado derechos fundamentales en casos prominentes sobre medios de comunicación y sindicatos.

Sobre los medios de comunicación

El capítulo 4 documenta de qué forma el gobierno y sus seguidores en la legislatura han: # Ampliado el alcance de las “leyes de desacato”, que castigan las expresiones sobre funcionarios del gobierno consideradas irrespetuosas, y endurecido las penas por calumnias e injurias; # Ampliado la vaga definición de “incitación” y endurecido las sanciones correspondientes, lo cual permite la suspensión arbitraria de canales de TV y radio; # Restringido el acceso a información pública; y # Abusado del control estatal sobre las frecuencias de radio y televisión para amenazar y discriminar a estaciones con una programación claramente crítica.

Sobre los sindicatos

El gobierno del Presidente Chávez ha intentado rehacer el movimiento sindical venezolano a través de fórmulas que vulneran principios básicos sobre libertad de asociación. El capítulo 5 documenta de qué forma el gobierno ha: * Socavado el derecho de los trabajadores de elegir a sus representantes, al ordenar la supervisión y el reconocimiento estatal de elecciones sindicales; * Denegado a los sindicatos cuyos resultados electorales no fueron aprobados por el estado el derecho de negociar contratos colectivos; * Debilitado el derecho de los trabajadores de afiliarse libremente al sindicato de su preferencia, al favorecer a los sindicatos alineados con el gobierno; y * Menoscabado el derecho de huelga de los trabajadores al prohibir huelgas legítimas y tomar represalias masivas contra trabajadores petroleros huelguistas.

Sobre la sociedad civil

El gobierno del Presidente Chávez ha debilitado su propia capacidad para abordar los problemas de derechos humanos de Venezuela, que existen desde hace tiempo, al adoptar una actitud de confrontación agresiva frente a los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. El capítulo 6 documenta de qué forma el gobierno ha: # Sometido a los defensores de derechos humanos a investigaciones penales sobre la base de acusaciones infundadas o extremadamente exageradas; # Intentado desacreditar y perjudicar a las organizaciones de derechos humanos a través de acusaciones infundadas de complicidad en la subversión; # Intentado excluir a las organizaciones que recibían financiamiento del exterior de la participación en foros internacionales; e # Impulsado legislación que permitiría la interferencia estatal arbitraria en la búsqueda de fondos y en las operaciones de las organizaciones de derechos humanos.

Verbigracia.

Fragmentos del informe “Una Década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”, presentado por Human Rights Watch, en Caracas, este 18 de septiembre.

Por esto, montaron en un avión para que saliera de inmediato de Venezuela a José Miguel Vivanco y a Daniel Wilkinson de Human Rights Watch.

“La Presidenta o Presidente de la República Bolivariana de Venezuela podrá, cuando así lo exigiere el orden público, la seguridad o los intereses de la Nación, suspender la transmisión de comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, hasta tanto cesen los motivos que dieron origen a la decisión, todo ello de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”

Eso dice la 11º disposición de las Disposiciones Finales, Transitorias y Derogatorias del proyecto de Ley de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales (aprobado por el Consejo de Ministros, ya declarado constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia y pendiente para su aprobación por parte de la Asamblea Nacional). La primera voz de alerta sobre este proyecto de ley la dio Tal Cual, hace 12 días, en su nota Suspender la comunicación. En el campo de las organizaciones civiles, Espacio Público, comenzó a activar la discusión sobre el tema. Los partidos políticos, bien gracias, ni pendiente. En la tribu electrónica de la criollosfera, EnigmasPress se ha lanzado en una solitaria campaña contra la hidra roja del control informativo.

(Nota: Por si no ha entendido el mensaje, la suspensión de transmisiones de TODO TIPO de comunicaciones incluye la Red. O sea la Internet. O sea su blog. ¿Captó la idea ahora sí?) Lo de en caso justo y necesario es algo muy, pero muy conmovedor, en cuanto que recuerda algún texto del evangelio dominical. Sólo que todos sabemos también lo que significa un justo y necesario cuando viene de parte del Poder-rojo. Justo y necesario es una especie de aplique criollo político equivalente a: cuando a mí me de la gran gana de cortar todo tipo de derecho de información.

¿Ustedes se acuerdan del 337? Si se acuerdan, sabrán por dónde viene la cosa. Y todavía no hemos terminado de leer las 26 leyes del gacetazo.

El tema tiene implicaciones técnicas (¿puede CANTV soportar todo el tráfico en internet dentro de Venezuela?), políticas (¿da esta ley capacidad de censura de internet y de los SMS al Gobierno venezolano?) y de derechos ciudadanos (libertad de información, protección de la privacidad, libertad de comercio, etc.)

El texto de este proyecto de Ley Telecomunicaciones puede ser modificado por la AN. De los ciudadanos venezolanos (y quizás de los ciberactivistas depende).

Una propuesta que comienza a oírse por allí:

Referendo abrogatorio para Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia.