El escrutinio del caso Danilo Anderson sirve para reconocer algunos de los problemas que genera una institución pública ineficiente, cuyas actividades no se guían por el interés público sino por intereses partidistas.
Un signo de la ineficiencia de la administración de justicia en Venezuela es que haya tardado casi un año en presentar las primeras acusaciones formales en el caso del asesinato del Fiscal Anderson.
Más grave aún, han pasado tres años sin que haya sentencia firme en contra de los responsables de los asesinatos en las manifestaciones del 11 de abril, en contra de los responsables del golpe de Estado y en contra de los responsables de la represión militar entre el 12 y 15 de abril. Tierra sobre esos muertos. Tierra sobre la verdad.
En lugar de representar los intereses de los ciudadanos, la Fiscalía General de la República es actualmente instrumento de un proceso que tiene dos facetas:
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La politización de la justicia
Durante los últimos doce años, la administración de justicia venezolana ha mostrado una tendencia a producir decisiones basadas en intereses partidistas en lugar de decisiones basadas en el derecho.
Esta situación genera una creciente inseguridad jurídica, impunidad de quienes poseen el poder político y vulnerabilidad de quienes no tienen vínculos directos con las cúpulas poderosas.
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La judicialización de la política
Los espacios naturales de la política han venido siendo desmantelados.
Maniobras electorales, discrecionalidad en la asignación de presupuestos y reformas anti-democráticas han transformado a los cuerpos legislativos en espacios en los cuales el debate político de fondo pareciera proscrito.
Los sindicatos han sido minados por el gobierno, utilizando mecanismos que van desde el simple clientelismo hasta la violación de la legislación laboral del país. Esta tarea ha sido facilitada por el desprestigio de la dirigencia sindical que poco o nada ha hecho en defensa de los intereses de sus afiliados. Apenas los sindicatos siderúrgicos parecen sobrevivir a este naufragio.
Las universidades ya no promueven debates sobre los asuntos de interés público. Las voces de los estudiantes no se escuchan en la calle. Los profesores están atrapados en la urgencia de sobrevivir. Enclaustrados, en la acepción negativa de esa palabra.
Desaparecer o convertirse en apéndices del gobierno son las opciones presentadas a las organizaciones comunitarias por un gobierno central que no admite el pluralismo .
Paralelamente, la política se concentra en tres espacios: los tribunales, los medios y los enfrentamientos callejeros entre simpatizantes de distintas tendencias, quienes son usados como carne de cañón.
Hoy, para participar en la política venezolana resulta necesario vestir chaleco antibalas y poder pagar los honorarios de un batallón de abogados.
Esas condiciones hacen que seamos muchos los excluidos.
Y esa es nuestra fuerza: somos muchos.
Y va llegando el momento de que le pongamos freno a la exclusión que imponen los poderosos.
Va llegando la hora de sacar a la política del tribunal y de la cárcel.
